La ciudadanía, el sistema de partidos y el Instituto Federal Electoral hicieron factible lo que hasta hace poco parecía imposible: la derrota en las urnas del sistema autoritario y corporativo que el PRI representó por más de 70 años. Es justo reconocer también la conducta asumida por el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

Así con fundamento en la sabiduría popular y en las capacidades de una nueva institucionalidad democrática, los mexicanos pudimos realizar, con una mayor tersura que la del terciopelo, una transformación política que, en otros tiempos, sólo era concebible por métodos revolucionarios. La alternancia en el gobierno, que continúa el camino de la transición democrática de México, no se abrió paso con falsas esperanzas ni con la enajenación de la voluntad popular a favor de un nuevo caudillo. Al nuevo Presidente no se le otorgaron poderes ilimitados; por el contrario, se montó un contrapeso legislativo que acotará el ejercicio de sus funciones y lo obligará a consensar las decisiones principales. El mandato popular fue muy claro: el cambio por la vía del diálogo, la negociación y la consulta.

Pero con el triunfo en las urnas se afloraron los problemas reales. Usted se encargó de diferenciarse de los otros candidatos con la firma pública de los compromisos de consenso para la transición democrática elaborados junto con la mayoría de los partidos políticos de oposición en el año de 1999. Al mismo tiempo, usted planteó otros diez compromisos de inobjetable contenido democrático. Y en particular, también afortunadamente, recordamos que en febrero de este año usted reconoció con nosotros, los trabajadores de la UNT, diez compromisos para avanzar hacia una reforma laboral y sindical democrática.

De los compromisos más importantes - aunque todos lo son -, cabe mencionar, en primer lugar, la NO privatización del petróleo y la NO modificación del régimen constitucional en la energía eléctrica, la educación, el trabajo, la propiedad de tierras y aguas y las funciones sociales del Estado.

Hacia delante, los compromisos que vale subrayar son; la construcción de un nuevo régimen político democrático; el impulso de un crecimiento económico que multiplique las oportunidades de educación y empleo remunerativo para la gente; la disminución de la marginación y la desigualdad social; el combate a la corrupción con decisión y eficacia, empezando por los altos niveles de la función pública; el fortalecimiento de la autoridad y la legalidad para reducir la inseguridad y enfrentar con mayor eficacia a la delincuencia y al narcotráfico; la protección de los recursos naturales; la recuperación del orgullo nacional para afirmar la soberanía sobre nuestras decisiones políticas y desarrollar en el mundo un liderazgo que nos permita defender con eficacia nuestros intereses nacionales y apoyar la paz, la democracia, el desarrollo sustentable y el respeto a los derechos humanos. La creación del Registro Público de Sindicatos y la independencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Con el mantenimiento de estos COMPROMISOS, estamos seguros, se fortalecerán las condiciones políticas y de confianza para iniciar, entre todos, con nuestras diferencias y coincidencias, la construcción de un nuevo régimen democrático, no sólo en lo político, sino también en lo económico, lo social y lo cultural.

En efecto, en reiteradas ocasiones hemos dicho que la democracia para nosotros, los mexicanos, no podrá ser plena mientras se mantenga el sistema que produce desigualdad e injusticia. Por eso decimos que la transición a la democracia estará incompleta mientras se mantenga en los límites de las elecciones y la representación políticas, y no se amplíe hasta alcanzar la producción y distribución equitativa de la riqueza y de los frutos de su crecimiento.

El motivo principal de nuestra visita es proponer que hagamos de la transición democrática no sólo un proceso político, sino también económico y social, sobre la base de la participación organizada de los trabajadores de la ciudad y el campo y los demás sectores de la sociedad, con el fin de impulsar un cambio de rumbo del desarrollo nacional capaz de alcanzar la democracia como la concebimos los mexicanos, es decir, no sólo como un régimen jurídico y político, sino como un sistema de vida fundado en el Estado de derecho, en la ética, en la sustentabilidad y en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

En consecuencia, le proponemos ampliar el proceso de toma de acuerdos, no sólo a los partidos políticos, sino al conjunto de las fuerzas sociales organizadas, para trabajar en común en la reconstrucción de los consensos nacionales hasta llegar a un gran Acuerdo Nacional para la Reforma Social y Democrática del Estado, que consolide y perfecciones los derechos y las instituciones sociales consagradas en la Constitución vigente, que construya nuevas instituciones y ponga al día los valores y las metas nacionales, así como los derechos y las instituciones políticas, y culmine por todo ello, la actualización del Pacto Social que pueda unir nuevamente a los mexicanos.

Los partidos y los ciudadanos, en tanto el cuerpo político de México, han puesto lo suyo; toca ahora el turno a la sociedad civil, a las fuerzas productivas, participar propositiva y activamente en la construcción profunda de los consensos para abrir una nueva etapa de prosperidad a la nación y de bienestar al pueblo.

Es el momento de modernizar y democratizar la relación entre el gobierno y las organizaciones sociales, para dejar atrás la época del corporativismo autoritario y pasar a una nueva fase democrática en la formulación y aplicación de las políticas públicas mediante la participación de los sectores involucrados en ellas.

El llamado por usted PACTO DE CHAPULTEPEC lo concebimos fundamentalmente como una búsqueda de acuerdos entre las fuerzas políticas, por supuesto, pero sobre todo como una construcción de consensos entre los sectores productivos y sociales encaminados a un desarrollo definido en común para la concordia, la prosperidad y el bienestar.

El corporativismo político y social, junto con los poderes discrecionales de la Presidencia, son quizá los obstáculos mayores a remover para la construcción de un régimen democrático. El corporativismo laboral y sindical que prevalece en el país se fundamentó en las leyes, pero se estructuró por medio de la política de un régimen presidencialista y autoritario, con el monopolio de la representación y la hegemonía cultural y política de un partido, lo que le permitió intervenir en casi todos los asuntos de las organizaciones sindicales y sociales y en las relaciones obrero-patronales. Por ello, la recuperación de las organizaciones de los trabajadores de la ciudad y el campo como instrumentos de defensa de sus intereses y derechos exige, necesariamente, de la transformación democrática del régimen político. El capital requiere también de una profunda transformación y pasar de un concepto oligárquico patrimonialista, a una burguesía moderna, competitiva y global.

Una nueva relación libre y democrática entre el gobierno y las organizaciones sociales y productivas permitirá que los propios trabajadores y ciudadanos recuperen el valor y el sentido de la organización, y que muchos otros trabajadores y ciudadanos se organicen, puesto que hasta ahora el gobierno se los había impedido. Nos referimos a los obreros agrícolas, los jornaleros, los trabajadores del comercio y muchos otros sectores productivos y sociales. Recordemos que para la lucha contra la desigualdad y la marginación no existe mayor garantía que la organización libre de los propios trabajadores y desposeídos y su lucha por sus derechos, todos y cada uno de los días de su vida.

Por nuestra parte, participaremos con nuestras propuestas de Reforma Laboral y Productiva para recuperar al trabajo y al trabajador como el valor fundamental de la sociedad. Plantearemos también nuestra visión sobre la Reforma del Estado que, por lo que llevamos dicho, tendrá que ser social y democrática y expondremos nuestra visión del rumbo y los cambios que consideramos necesarios en los sectores productivos en los que laboramos.

La Unión Nacional de Trabajadores planteará como su interés principal las demandas de libertad de asociación y democracia sindicales, y la lucha contra los Contratos y Sindicatos de Protección y Corrupción, con el fin de crear las mejores condiciones para la organización combativa del mayor número de trabajadores y, sobre esas bases, convocará al resto del sindicalismo nacional para la defensa y ampliación de los derechos sociales del pueblo mexicano.

Manaña será declarado usted Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos. Que el respeto al compromiso democrático sea la divisa de nuestra relación.

• La renovación unitaria, democrática y libre del sindicalismo nacional. El respeto a la autonomía interna y el estímulo a la solidaridad y fraternidad entre las organizaciones nacionales e internacionales de trabajadores.
• Un Programa Nacional de Recuperación del Salario.
• La recuperación de los sindicatos como organizaciones de defensa de los intereses y derechos de los trabajadores. La democracia, la autonomía y la libertad sindicales. La eliminación de los Contratos de Protección y de Corrupción. La supresión del Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional. Eliminación de la Requisa. Creación del Instituto Autónomo para el Registro Público de Sindicatos y de Contratos Colectivos de Trabajo. Imposición de sanciones severas a gobierno y patrones por intervenir en la vida sindical.
• La participación consciente y combativa de los trabajadores en los procesos de cambio productivo, económico, político, social y cultural y por consiguiente, el fortalecimiento de su capacidad para incidir en el rumbo del desarrollo del país.
• La defensa de las conquistas históricas de los trabajadores y el pueblo mexicano, especialmente de la seguridad social y la educación pública, así como la defensa de las industrias estratégicas y los recursos naturales.
• La eliminación de cualquier forma de discriminación hacia las mujeres en el trabajo, sus remuneraciones y prestaciones y su desarrollo laboral y humano.
• La defensa y ampliación de los valores y derechos humanos, culturales, ambientales, artísticos y promoción del mejoramiento constante de las condiciones de vida en comunidades, barrios, ciudades y regiones del territorio nacional.

• El impulso a un Sistema de Producción Agropecuario y Forestal de Interés Nacional, seguro y justo. Revisión del Tratado de Libre Comercio. Nueva Cultura de Bienestar y Producción en el Campo. Autonomía y Autodeterminación de las organizaciones sociales en el campo mexicano. Derechos plenos para la organización sindical de los obreros y los jornaleros agrícolas. Revalorización y aprovechamiento productivo de los pequeños productores, ejidatarios y comuneros y pequeños propietarios minifundistas del sector social.
• La lucha solidaria con las reivindicaciones específicas de las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los trabajadores migrantes, los jubilados y pensionados, los miembros de la tercera edad, los discapacitados y otros sectores sociales que exigen de políticas públicas que estimulen su participación y generen seguridad y equidad.