Mujeres feministas agraviadas por la involución democrática consideramos que el desafuero es un detonante para definir nuestra posición y contribuir a recuperar el espacio entre la sociedad y las instituciones, así como aportar en la construcción de una ciudadanía participativa.

El deterioro de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales, enmarcado en la irresponsabilidad del ejecutivo federal y la decisión de las y los legisladores del PRI y del PAN constituye una afrenta a los derechos políticos que enraizaron y dieron origen a la construcción de la incipiente democracia en nuestro país. Esta situación nos impacta negativamente en el ejercicio de la libertad para elegir a nuestros gobernantes en el ámbito local y nacional.

Son actos de abuso de autoridad que vulneran el equilibrio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Se ha vulnerado la soberanía del pueblo, debilitado el Estado de Derecho y desacreditado tanto a las instituciones como a los partidos. Se han violentado las leyes al aplicarse fuera del marco de la justicia y la igualdad, y además, se ha dividido y confrontado a la sociedad.

En esta coyuntura histórica para avanzar en la construcción democrática buscamos afirmar nuestra posición crítica y propositiva no sólo hacia los procesos electorales que se avecinan, sino también en la definición a largo plazo del rumbo del país.

La desigualdad de género es parte estructural de la desigualdad social y económica. Buscamos que todas las mujeres disfruten de autonomía para tomar las decisiones sobre el propio cuerpo, los espacios privados y los públicos que permitan a todas las mujeres tener acceso a condiciones de vida digna.

Para garantizar la autonomía es necesario transformar el modelo económico vigente y combatir la extrema desigualdad social. Se requiere una reforma de Estado, fortalecer la laicidad y la exigibilidad de los derechos humanos.

La estructuración de la economía que tuvo lugar a partir de la década de los 80, instrumentó el modelo neoliberal, redujo el tamaño y el poder del Estado, colocó en el centro de la economía la lógica del mercado y abandonó la responsabilidad social, al privatizar los servicios y los sistemas de seguridad y previsión social. Además, se intenta privatizar los recursos energéticos y naturales de la nación, lo cual hace prácticamente imposible desarrollar un proyecto de nación soberana y sustentable.

Estas medidas han llevado a un empobrecimiento sistemático de la población que afecta sobretodo a las mujeres y se recrudece entre las campesinas e indígenas porque transforma abruptamente sus formas de vida y de producción. El modelo ha tenido como resultado la pérdida de los derechos económicos, laborales, sociales, culturales y políticos, así como la escalada de nuevas formas de violencia contra las mujeres trabajadoras, como en el caso de los feminicidios.

Los derechos laborales y sindicales se han visto mermados a partir de la tercerización de la contratación de la mano de obra que tiene como centro la flexibilización que nos lleva al deterioro de las condiciones de trabajo, al debilitamiento y desaparición de las organizaciones sindicales y a la pérdida de las prestaciones sociales y económicas, como las jubilaciones.

El modelo económico neoliberal impone un proyecto cultural a través de los medios de comunicación masiva y de políticas públicas que, entre otros aspectos, promueve estereotipos sexistas y un solo tipo de familia desconociendo su diversidad, atenta el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos porque fortalecen la relación vertical y el sometimiento de las mujeres, dificulta la capacidad de decidir sobre el cuerpo biológico y el cuerpo social.

En México, este proyecto es resonancia de un modelo hegemónico de ideas conservadoras y de posicionamiento de la derecha internacional.

En vez de mejorar las condiciones de vida, este sistema apuesta a una agenda retardataria y a un fortalecimiento de la esfera de lo religioso en lo político que busca mantener la desigualdad de género, debilitar los derechos humanos y las libertades individuales, deslindar al Estado de su responsabilidad social y desplazar los servicios de salud y educación en la familia, y particularmente en las mujeres.

Hoy es imprescindible exigir que se cumplan los compromisos multilaterales que México ha firmado en materia de Derechos Humanos. En especial la Convención para Erradicar la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), la Convención para Eliminar la Violencia Belén do Pará, los compromisos de las conferencias internacionales de la mujer y la Plataforma de Acción de Pekín.

Por todo lo anterior y en el marco de esta crisis política, feministas y mujeres, sindicalistas y campesinas, indígenas y activistas de organizaciones civiles, amas de casa y militantes de partidos políticos rechazamos la imposición de un modelo económico y cultural que ha profundizado las desigualdades sociales y políticas, y nos proponemos incidir en los cambios estructurales hacia una reforma de Estado con equidad y justicia.